El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un impuesto nacional en España que ha tenido una trayectoria irregular en los últimos años. Está regulado principalmente por la Ley 19/1991. Sin embargo, su recaudación está cedida al 100% a las Comunidades Autónomas, que pueden ejercer sus propias competencias normativas según la Ley 22/2009. En Andalucía, el control sobre el IP ha estado sujeto a varios cambios legislativos, pero fundamentalmente, Andalucía ha optado por evitar la recaudación del impuesto como incentivo para que las personas con alto patrimonio se establezcan en la región autónoma en lugar de, por ejemplo, en la capital, Madrid.

La obligación de declarar el IP fue abolida en 2008, pero temporalmente restablecida en 2011 por el Real Decreto-ley 13/2011. Desde entonces, la obligación de presentar declaración ha sido prorrogada por diversas leyes hasta 2021, cuando se estableció que permanecería vigente indefinidamente.

Personas obligadas a presentar declaración

Según el artículo 37 de la Ley del IP, los contribuyentes cuyo patrimonio neto tras aplicar las deducciones o bonificaciones supere los €2.000.000 están obligados a presentar declaración por el IP.

El IP grava la titularidad del patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre.

Los contribuyentes pueden ser personas físicas residentes en España (obligación personal) o personas con activos en España (obligación real).

Base imponible

La base imponible es el valor del patrimonio neto del contribuyente tras restar de esa cifra el mínimo exento de €700.000, según la Ley 19/1991 y sus modificaciones posteriores, como la deducción de €300.000 por vivienda habitual.

Tipos impositivos

Para 2022 en adelante, se aplican los tipos del artículo 25 de la Ley 5/2021.

El tipo es progresivo y varía del 0,2% al 2,76% dependiendo de la base imponible.

Bonificaciones

El Decreto-ley 7/2022 introdujo una bonificación autonómica del 100% de la cuota íntegra en Andalucía, por lo que en 2022, nadie residente en la región pagó IP, independientemente de su patrimonio. Sin embargo, la creación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF) nacional en 2023 provocó una nueva reforma. Ambos deben calcularse ahora, pero existe un mecanismo para decidir el importe neto a pagar. Curiosamente, independientemente de cómo se calcule, la deuda es la misma, pero qué organismo (Comunidad Autónoma como Andalucía o el Gobierno central) recibe el dinero depende de la elección realizada.

Comentario

Los impuestos sobre el patrimonio son, en principio, un mecanismo para redistribuir la riqueza y financiar los servicios públicos. Sin embargo, pueden ser difíciles de calcular a menos que se refieran a activos puramente numéricos como saldos bancarios. El camino rocoso que ha recorrido el IP en los últimos años y el deseo de las Comunidades Autónomas de competir por la residencia de personas de alto patrimonio (con sus impuestos e inversiones) ha significado que, en la práctica, no haya generado tanto como quizás a la mayoría de los no pagadores les gustaría. En 2021, poco más de 11.000 personas (de una población de casi 48 millones) presentaron declaración de IP. Su patrimonio medio era de 22 millones de euros y la recaudación fiscal generada fue de 623 millones de euros.